Juana Quispe, una joven autoridad que, tras ejercer su atribución de fiscalización, denunció una serie de irregularidades que se estaban dando en la gestión del Alcalde, razón por la cual, a través de distintos mecanismo fue apartarla del cargo, por lo que interpuso una Acción de Amparo Constitucional que salió a su favor, pese a ello no permitieron su reincorporación y que tuvo que acudir a instancias penales para denunciar el incumplimiento de la Resolución del Juez de Garantías, luego de sufrir una serie de persecuciones, presiones, amenazas de muerte por parte de autoridades del Gobierno Municipal, su cuerpo sin vida fue encontrado a orillas del Río Orkojahuira de La Paz, fue asesinada en marzo del año 2012 en condiciones que hasta la fecha se siguen investigando, sin que exista un avance significativo al respecto. El caso de la Concejala impulsó a la aprobación de la Ley N° 243.

La Concejala Vicencia Apaza Cachi, en cumplimiento de su atribución de fiscalización denunció irregularidades que se estaban dando en su municipio, razón por la cual, el Alcalde en complicidad con otros miembros del Concejo, se dieron formas para apartar a la Concejala del cargo, su mecanismo consistía en no convocarla a las Sesiones del Concejo o cuando la convocaban realizaban la Sesión en un lugar diferente del señalado, por lo que, se vio en la necesidad de adquirir una motocicleta y aprender a conducirla para poder asistir a las Sesiones a la brevedad posible, ya que se enteraba por los mismos comunarios los lugares donde se estaban desarrollando las sesiones, pese a ello, haciendo ver que incurrió en una serie de faltas le iniciaron un proceso interno por supuesto abandono injustificado de funciones, sancionándola con la destitución definitiva del cargo, a raíz de ello, la Concejala interpuso una Acción de Amparo Constitucional y la Resolución emitida por el Juez fue a su favor, sin embargo los salarios correspondientes a 8 meses siguen sin ser cancelados.

La Concejala Juana Choque fue obligada a presentar su renuncia, bajo amenazas, agresiones físicas y psicológicas por parte de su Suplente y otras Autoridades Indígena Originaria Campesinas, todo con la finalidad de que el suplente asuma el cargo de Concejal Titular, asimismo, obligaron al Concejo Municipal a emitir una Resolución aceptando su renuncia, el Tribunal Electoral Departamental de la Paz, en aplicación del Reglamento Para el Trámite de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política de Mujeres Candidatas, Electas o en Función Político Publica, al evidenciar que la renuncia fue forzada, remitió los antecedentes al Ministerio Público para su investigación y negó la habilitación del suplente.